El informe perdido de César Navas

Esta es la historia de un informe que predetermina responsabilidades penales contra el ministro del Interior, que “desaparece” de la Contraloría, que nunca llega a Fiscalía y que abre una pugna política por el despacho de Navas.

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Existe. Pero está en ninguna parte.

Nunca antes unos papeles traspapelados habían causado tanto revuelo. De su aparición o desaparición dependen el cargo de César Navas, como ministro del Interior del morenismo, heredado desde el correísmo; decenas de millones de dólares de todos los ecuatorianos, la mismísima institucionalidad del Estado y si nos ponemos dramáticos, hasta el pellejo de los que hacemos la Posta (tranquilas mamás). 

Un seguimiento de largo aliento al caso desde la redacción de la Posta ha podido determinar la existencia de un informe de Indicios de Responsabilidad Penal contra el ministro Navas, pero no su paradero. Sí, como ese olor pestilente en la fila del banco, que todos saben que existe, todos se miran sospechosos, pero nadie se atribuye su propiedad. 

Entre el equipo auditor de Contraloría, que aseguró a este medio haber levantado y firmado la información de un perjuicio de más de $ 33 millones bajo el supuesto delito de peculado, y la Fiscalía, que nunca recibió el documento, ni se da por notificada, ni puede entonces empezar las investigaciones y decidir si lleva a alguien a la cárcel, existe un abismo que devora un trascendental documento público. Hoy, convenientemente en el limbo. Viva el Ecuador.




La historia de este documento se inició en 2016 bajo la orden de trabajo 0079 y estuvo listo a mediados de mayo, cuando Carlos Pólit era aún contralor. Su firma se estampó sobre el informe el 24 de mayo. Día simbólico por partida triple: por la mañana firma el documento que puede acabar con la vida política de César Navas, quien por la noche se posesionaba como ministro del Interior del Ecuador, país que Pólit abandona con rumbo a Miami horas más tarde y, como saben, sigue asoleándose en la Florida.

Acabar no es un verbo exagerado. Un Indicio de Responsabilidad Penal es la expresión que mayor pavor provoca en un funcionario: es el paso previo a ser un Glas cualquiera, a tener que responder ante la Justicia arriesgando la propia libertad. 

El caso de Navas, según narró parte del equipo auditor original a la Posta, venía apalancado de su principal medalla política: el ECU911, una iniciativa que él concibió desde cuando aún estaba lejos de la política. Fue, de hecho, su carta de presentación y entrada. Lo que le mereció el apapacho de Correa. 

Hombre de confianza del entonces ministro de Seguridad, Homero Arellano (hoy becado como tantos con una embajada, en Chile), logró con su ayuda una cita con Rafael Correa para la presentación del proyecto. El entonces presidente, relata uno de los asesores cercanos a Navas, no solamente ordenó la ejecución del sistema integrado de seguridad sino que encargó a Navas de la tarea. Desde allí, solamente supo crecer políticamente. 

Arellano y Navas (ambos comparten responsabilidades penales predeterminadas por Contraloría en el informe desparecido) se tomaron muy en serio el popular adagio correísta: extremadamente bien pero sobre todo extremadamente rápido. Y como la Patria ya había perdido mucho tiempo, el ministerio de Seguridad de Arellano declaró emergencia en él área y dispuso la contratación sin concurso de dos empresas chinas para levantar la mega estructura nacional por más de $ 200 millones. El contrato se firmó en nueve días, desde la declaración de emergencia. ¿Adivinen con quiénes? Los chinos. Un rapidito oriental. 

Las empresas chinas CAMC (cuestionada por un millonario escándalo en Bolivia, vinculado al círculo íntimo de Evo Morales) y CEIEC (protagonista de las denuncias del grillete con sobreprecio de Fernando Villavicencio, en Ecuador) no solamente ganaron el contrato a dedo, también cobraron a vaca y en exceso, señalan los anexos documentales.

En lugar de tomarse la molestia de construir las obras por las que cobraron al Gobierno ecuatoriano, subcontrataron empresas ecuatorianas a  las que pagaban la décima parte de lo que se embolsicaron. El informe de Contraloría señala cobros “injustificados” de hasta el 80% en insumos. Son $ 32 millones traspapelados. Así, para las colas. 

Los chinos no se hicieron mucho rollo con Contraloría. De hecho, ni siquiera respondieron por qué le pagaron a otro por hacer lo que ellos estaban obligados. Para justificar por qué ocultaron información se escudaron en “cláusulas de confidencialidad” (viva la soberanía) y en negocios entre privados (como la figura con la que Correa defendía los sobornos de Odebrecht). La Contraloría los acusa de violar la ley. Ellos se hacen los cojulos. 

Mientras esto pasaba, según el documento, ni Arellano ni Navas (entonces director del ECU911) consideraron prudente solicitar una auditoría o ejercer controles -como los obligaba la legislación- para no pagar injustificadamente $ 32 millones (un festín de dineros públicos que Expreso publicó, semanas atrás en detalle. Lee aquí la nota de Mariella Toranzos). 

Navas se dice perseguido. O mejor dicho, su círculo cercano lo dice, apuntando a oscuros intereses de facciones políticas que quisieran su despacho y su desgracia. Sus asesores, en conversaciones fuera de grabadora con este medio, prometieron semanas atrás -cuando se enteraron del acceso de la Posta a los documentos- la presentación de abundante material de descargo. Éste todavía no da señales de vida. Consultado por la vía oficial, a través de su oficina de prensa, tampoco fue posible obtener una respuesta. Aunque sus relacionistas sí solicitaron preguntas. 

Contraloría, por su parte, no ha dado una respuesta oficial. Fuentes de la institución consultadas por este medio describieron la documentación como “desparecida”. Y fueron más allá: resulta que el informe original se perdió del despacho del contralor, dijeron. Sí, del mismísimo despacho del Contralor. 

Oficialmente la Contraloría, dominada ahora por el aclamado Pablo Celi -quién se posesionó en el cargo con resguardo policial, venia gubernamental y riña con su exjefe, Carlos Pólit-, reconoció haber denunciado la pérdida de documentos sensibles ante la Fiscalía General. 

Pongamos esto en dimensión: los papeles que pueden complicar la vida política de un alto mando, que implican señalamientos de malos manejos por millones de dólares, que deben de ser encausados ante la Justicia, simplemente desaparecen sin dejar rastro. 

Las fuentes cercanas a Pablo Celi sugieren que los documentos desaparecieron poco antes de 2 de junio (la fecha en la que casa de Pólit fue allanada y él, vinculado a la corrupción de Odebrecht, que lo llevó a destitución y censura y ahora a los tribunales); las fuentes cercanas a Pólit, ya fuera de la institución, sugieren que el documento no está perdido: “no se puede perder un informe. Se puede perder el físico, pero nunca el original, que está en el sistema”, dice uno de los excolaboradores de Pólit, bajo condición de anonimato. 

Con la pelota de responsabilidades yendo de aquí para allá, lo único cierto es que el informe contra Navas, que debía ser remitido el mismo día en el que otro documento contra otro secretario de Estado (ya les contaremos, también en la Posta)  llegaba a Fiscalía, nunca arribó al despacho de Carlos Baca Mancheno.

El propio Carlos Pólit, consultado por la Posta sobre la autenticidad del informe perdido, aseguró que sí, que es de adeveritas, que esa es su firma. No, no nos fuimos a Miami :(  

De la extensa revisión de los documentos que la Posta hizo junto a funcionarios de Contraloría, exfuncionarios, colaboradores políticos de los implicados y fuentes independientes, surgieron dudas sobre la autenticidad de los mismos: fechas incongruentes, montos excesivos, inconsistencias de sistema. Los operadores políticos de los funcionarios mencionados catalogaron el documento de “forjado” y lo vincularon a un intento por derribar a Navas de las alturas de Carondelet. Las fuentes que elaboraron la documentación y que -por evidentes razones prefieren no hacer público su nombre- desestimaron una por una las dudas: el informe penal tiene fecha distinta porque se envía a aprobación antes que el general, la firma es de la misma persona, los montos coinciden con el informe público de Contraloría. Y, sobre todo, dieron fé de la elaboración de un documento del que nunca volvieron a saber. La gran arca perdida de Navas. 

A estas alturas, en Contraloría un segundo informe está en camino, sobre el mismo tema. Los resultados están por volverse públicos y pueden agravar la condición de Navas o limpiarle de todas las salpicaduras, que le permitan mantener la cartera que antes ocupaba José Serrano, hoy presidente de la Asamblea y quien entendemos se abriría una de champán si Navas se va a la casa. Invite, no, mejor no.